La nueva ley de retiro voluntario de empleados públicos propuesta por el gobierno, que ofrece indemnizaciones de hasta $25.000 a quienes dejen sus puestos, constituye una mejora en las condiciones de retiro de los docentes, afirmaron ayer los gremios docentes. Pero también señalaron que la iniciativa no soluciona las bajas pensiones que reciben los docentes y también temen que el Ejecutivo no tenga capacidad para honrar esos pagos o que congele las vacantes que quedan en las escuelas públicas.
En un comunicado, la Unión de Educadores de Santa Ana (SEDESA) afirmó que la ley significaría «una mejora sustancial a lo establecido en la Ley de la Carrera Magisterial» y además «incentivaría (que) muchos empleados públicos se jubilen y puedan obtener el beneficio reconocido por la Ley. En la misma línea, Jorge Villegas, de Bases Magisteriales, consideró que “era hora de que entendieran que los trabajadores públicos, sobre todo los que no están tan cansados y enfermos, no se jubilen, no renuncien al cargo por a la baja cuantía de las pensiones».
“Lo complicado es que al final siempre van a tener la misma pensión (para los docentes), pero yo sí creo que es un beneficio para los compañeros que ya pasaron su tiempo de servicio”.
José Daniel RodríguezSIMEDUCO.
Según cifras que compartió Bases en octubre de 2022, al menos 12.950 docentes no se habían jubilado, a pesar de cumplir con los requisitos, porque su pensión sería sustancialmente menor a su salario actual. Pero ese escenario no ha cambiado, afirmaron los sindicatos, y la iniciativa propuesta por el gobierno no aborda lo que, a su juicio, es la raíz del problema. “Es un beneficio para los compañeros que ya cumplieron su tiempo de servicio, lo complicado de todo esto es que al final siempre van a tener la misma pensión (para los docentes)”, dijo José Daniel Rodríguez, del Profesorado. Sindicato y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO).
Carlos Olano, secretario general del Sindicato por la Educación para Todos (SINDOPETS), consideró que el retiro voluntario es una solución de corto plazo y la respuesta integral pasa por “revisar los montos de las pensiones con las que se jubila cada uno de los docentes (…) Eso sería ser una medida a largo plazo que resolvería muchos de los problemas a los que se enfrentan los trabajadores de la educación».
Temen un default
El 11 de mayo, el Ministerio de Hacienda presentó a la Asamblea Legislativa el anteproyecto de Ley Transitoria de Compensación Económica por Retiro Voluntario de los Servidores Públicos Jubilados o Pensionados del Poder Ejecutivo, Entidades Descentralizadas No Empresariales y Entidades Autónomas. Esta jornada se someterá a la aprobación del pleno, después de que la Comisión de Hacienda emitiera ayer un dictamen favorable.
La propuesta ofrece una compensación económica que, a través de una fórmula basada en el último salario devengado, entregará un salario por cada año de servicio. El máximo que podrá recibir un empleado público será de $25,000. La indemnización se entregaría a quienes dejen voluntariamente sus puestos de trabajo, ya sean jubilados o pensionados.
El gobierno estima que unos 5.000 empleados públicos podrían solicitar este beneficio, pero no ha aclarado cómo financiará estos retiros. Ha afirmado que cada institución pública pagará la compensación con «los ahorros» que obtendría por la vacante de las plazas y si necesitara un refuerzo, los fondos se «gestionarían».
“Nos preocupa que el gobierno no pueda cumplir con los $25,000 que está ofreciendo y que estos trabajadores que deciden jubilarse voluntariamente sean engañados”.
Idalia ZúñigaFrente Magistral.
Precisamente uno de los temores de los docentes es que el Ejecutivo no pueda honrar la compensación o no lo haga a tiempo, como sucedió con quienes para el 2023 aceptaron el retiro voluntario de la Ley de Carrera Magisterial, indicó Idalia Zúniga, del Frente Magisterial Salvadoreño. (FMS). “Si van a dar eso (la compensación de $25,000) no se demoren”, dijo, refiriéndose a que este año el pago se demoró. Agregó que “los policías que se retiraron tampoco recibieron la indemnización. Nos preocupa que el gobierno no pueda cumplir con los $25.000 que está ofreciendo y que los trabajadores sean engañados”.
Carlos Olano, de SINDOPETS, dijo que otra preocupación es que la medida, en lugar de renovar el personal docente, se utilice para congelar puestos. “Esperamos que con esto el Ministerio de Educación, en nuestro caso, no quiera congelar las plazas porque entonces estaríamos haciendo daño a los niños y niñas de este país”, advirtió.
