Empresarios advierten parada de transporte por nuevas demandas para recibir subsidio

Las consecuencias de una mala ley las afrontará el usuario, que utiliza diariamente el servicio de transporte público para llegar a sus puestos de trabajo y centros de estudios. » Catalino Miranda, presidente de la Federación de Empresarios del Transporte, la Inversión y la Empresa (Fecoatrans).

La semana pasada, la Legislatura aprobó una serie de requisitos que deben cumplir los transportistas para obtener el aumento de subsidio: $ 250 para minibuses y $ 500 para autobuses.

  1. Sistema GPS (bajo los requisitos técnicos y programación del VMT).
  2. Uso de sistema de cobranza electrónica (permite a los usuarios pagar con transacción electrónico o tecnologías). Se aplicaría bajo los requisitos técnicos y programación del VMT.
  3. Revisión técnica del vehículo y emisión de gases cada 6 meses.
  4. Solvencia de multas.
  5. Conductores autorizados.
  6. Cobro de tarifas autorizado.
  7. Cumplimiento del plan operativo general (respetar rutas, horarios, paradas, frecuencia, tarifas, número de viajes, origen y destino).
  8. Servicio al usuario.
  9. Protección y seguridad de usuarios vulnerables.
  10. Permitir la supervisión y control de la Dirección General de Transporte Terrestre y la Inspección General de Transporte.
  11. Cumplimiento de protocolos sanitarios y de bioseguridad.
  12. Uso de terminales y puntos de llegada.
  13. Continuidad y regularidad.
  14. Aviso de suspensión (notificar cuando haya suspensiones de servicio por causa justificada).
  15. Caja única (bajo los requisitos técnicos y programación del VMT).
  16. Estar en el Registro de Concesionarios o Permisionarios.
  17. Permisos vigentes.
  18. Respeto permitido por antigüedad. Actualmente, es un máximo de 20 años para autobuses y minibuses según la Ley de Transporte.
  19. Brindar el servicio al menos 21 días en un mes calendario.

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«Lo peligroso es que si te lo exigen para el pago de una indemnización, aquí nadie va a cumplir y el país se quedará sin transporte», advirtió William Cáceres, portador de Fecoatrans.

Según Cáceres, los requisitos de la ley no se ajustan a la realidad del sector del transporte. El reglamento entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Boletín Oficial, y esto aún no ha sucedido.

Para los requisitos 1, 2 y 15, el Viceministerio de Transporte les dirá a los empleadores cuánto tiempo les dará para su solicitud.

Falta de recursos.

Más del 90% de los empresarios aún no han salido de las repercusiones que trajo la pandemia del covid-19 en 2020, y enfrentan serios problemas con la banca, afirmaron ayer los empresarios; Algunos los han llevado a pedir más prestado o pedir más prórrogas de los plazos de sus créditos para ponerse al día, aseguraron.

En ese sentido, dijo que quedó claro que el espíritu de la Ley es que los salvadoreños no paguen más de la tarifa establecida. “Pero he creído muy necesario que el presidente Nayib Bukele venga a su escritorio y revise ese decreto, porque todo lo que allí dice ya está contemplado en la Ley General de Transporte y Seguridad Vial”, dijo Miranda.

Estudios técnicos de consultores internacionales y del Viceministerio de Transporte, así como de los sindicatos, establecen que la tarifa de $ 0,20 debe ser de $ 0,50 más la compensación estatal «que no puede regirse por ley, va directamente al 70% de los usuarios del transporte». colectivo ”., afirmaron ayer los empresarios.

Miranda dijo que en el año 2021 se vieron agobiados por tres rubros en su trabajo: el costo del combustible, el costo de reparar las unidades -para que no se queden varados todo el tiempo y tengan accidentes- y el costo bancario, sin incluir. los costos de depreciación de la unidad y la utilidad que debe tener el transportista por el servicio que brinda, que no debe ser menor al 10%.

Señaló que la tarifa que se cobra por el servicio urbano es de $ 0.20, es mayor de 17 años y no compensa todos los costos incurridos en las unidades. Como alternativa para seguir operando y adaptarse a los nuevos requisitos, Miranda solicitó al gobierno la creación de un fondo de $ 300 millones para facilitar préstamos a los transportistas. Crédito blando y condiciones adecuadas.