A Rubio se le preguntó de dónde provenían los recursos para sus pagos y dijo que la comisión tenía una asignación presupuestaria del Programa de Modernización del Sector Público de $ 875,000 por año para todo el trabajo que realizaban.
Presentaron un extracto de las declaraciones del ex presidente Saca en la comisión donde se le preguntó quién recibía bonificaciones y mencionaron a algunos miembros de la Comisión Nacional, entre ellos Roberto Rubio y que salió de gastos reservados.
«Asumimos que había un presupuesto asignado a la Comisión Nacional de Desarrollo», dijo Rubio.
Rebeca Santos también preguntó si no estaba interesada en saber de dónde provenían los fondos.
«El que tiene la responsabilidad de hacer las cosas bien es el que contrata, es el Estado», dijo Rubio.
Asimismo, preguntó si presentó una declaración a la Sección de Probidad de esos pagos y Rubio dijo que no lo hizo porque no era un funcionario público, no estaba en la nómina ni en la Ley de Salarios.
Posteriormente, pusieron un video del exsecretario privado de Saca, Elmer Charlaix, donde expresó que se entregaron $ 2,300 de los gastos reservados.
«Estas declaraciones son la confesión de un delito», dijo Roberto Rubio.
Reiteró que la CND tiene un presupuesto aprobado por la Asamblea.
Agregó que «él (Charlaix) está diciendo que lo sacaron indebidamente» y que desconocía que salió del juego.
«El hecho de que no se reuniera con él en ese momento no le quita la responsabilidad legal», señaló el congresista Jorge Castro.
Contrato de preguntas
El mecanismo de contratación con el que se pagaron los honorarios fue uno de los más cuestionados por los miembros de la comisión especial.
El diputado Jorge Castro señaló que un contrato de prestación de servicios profesionales o consultorías debía cumplir con el procedimiento de la Ley de Adquisiciones y Contratos de la Administración Pública (Lacap) y que el presidente de la República no sería responsable de contratarlo.
«Cuando son consultorías por honorarios, no se incluye en ningún decreto presidencial», dijo la diputada Marcela Pineda.
William Soriano le preguntó si era funcionario público y reiteró que no era funcionario pero que fue contratado para servicios profesionales.
«Todo el argumento es convertirme en funcionario y yo no he sido funcionario», dijo.