Nacionales
Jaime lopez
Jueves 18 de noviembre de 2021 • 4:30 am
En un presunto acuerdo previo con el exalcalde de San Ildefonso, Carlos Alfonso Rodríguez, la estructura de «salvatruchos locos enfermos» exigió 25.000 dólares a la junta directiva de la Asociación de Desarrollo Comunitario de ese municipio, (Adesco), dijo el fiscal de la caso, en el juicio contra él y otros 31 imputados en el Juzgado Especializado de Sentencia «C».
Rodríguez era el presidente de la junta directiva de la organización comunal extorsionada y en su calidad, aparentemente se comprometió con la Mara Salvatrucha que convencería a los directores de pagar la suma requerida.
Según la Fiscalía, el compromiso del alcalde Rodríguez fue que “Iba a facilitar a los demás integrantes de Adesco para que se le pudiera pagar el dinero a la MS, pero como resultado de la oposición de los directivos, esa cantidad de dinero ya no se canceló, y es de esa extorsión que se da. el otro delito de denuncia o acusación calumniosa «dijo el fiscal.
La víctima en este nuevo delito fue el exalcalde Rodríguez y lo denunció ante la Fiscalía, pero las investigaciones demostraron lo contrario, pues con las herramientas especiales de escuchas telefónicas, «se determina que hubo un acuerdo previo» y el exedil había cometido un simulación de delitos.
En la prueba testimonial hay un vínculo directo por parte del ex alcalde en el sentido de que brindó una colaboración económica a los integrantes de la estructura ”. Fiscal del caso.
Debido a la posición que ocupaba, había instalaciones para la adquisición de armas, transferencia de drogas y entrega de dinero para la estructura, dijo la Fiscalía. Rodríguez fue alcalde de San Ildefonso de 2012 a 2018.
La clica «Sick Crazy Salvatruchos» es procesada por 30 causas penales que incluyen tres homicidios y 12 proposiciones y conspiraciones por el delito de homicidios. También son procesados por tráfico de armas de fuego, extorsión y denuncias por difamación.
El abogado particular Carlos Avelar Hidalgo afirmó que en el desarrollo de la audiencia pública se ha observado que existe una deficiencia en los órganos probatorios ofrecidos por la Fiscalía, ya que está prescindiendo de sus testigos que debieron declarar en el juicio.
«En términos generales, en cuanto a grupos ilegales y delitos de extorsión, prácticamente se ha derrumbado y no es capaz de romper la inocencia de cada uno de los imputados», dijo Avelar.