Hacia una nación de súbditos sin derechos

El pasado 9 de mayo, Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, organización fundada en 1988) presentó su informe para el año 2022. Es un trabajo al que los ciudadanos de cualquier actividad deben dedicar parte de su tiempo. Cabe señalar que la ambición del informe es amplia: a lo largo de su recorrido hay aproximaciones a la situación en la que se encuentran 14 derechos, no solo civiles y políticos, sino también económicos, sociales y culturales. También trae un documento revelador, un estudio del economista Ronald Balza Guanipa, “El nuevo modelo económico y los derechos humanos en Venezuela, 2022”, en el que analiza, entre otros aspectos, la opacidad y falta de consulta en el proceso que paulatinamente, ley tras ley, ha ido consolidando el presidencialismo en Venezuela. A continuación comentaré parcialmente algunos de los indicadores señalados en el informe.

Una de las virtudes del material es la recopilación de información lograda por el equipo que lo elaboró: a pesar de la ausencia de estadísticas oficiales –tema al que dediqué mi artículo la semana pasada–, Provea construye una visión panorámica del estado de cosas en Venezuela, en materia de derechos humanos, utilizando y ordenando información de numerosas fuentes.

Empiezo por aquí: en el período del trienio 2014-2016 al trienio 2019-2021, según mediciones de la FAO, el indicador de desnutrición en Venezuela se duplicó. Esto significa que al menos 6,5 millones de personas (y es probable que la cifra sea aún mayor) están desnutridas y pasan el día hambrientos. Entre las causas de esta terrible realidad está, por un lado, la caída de la producción agropecuaria nacional: 50%, descenso gravísimo, entre 2012 y 2022. A ello hay que sumar los estragos producidos por los fenómenos entrelazados de la inflación y la prácticas de especulación por parte de los importadores de alimentos. Este dato lo dice todo, habla del fracaso absoluto del régimen y sus políticas (no son palabras de Provea, sino mías): el poder adquisitivo del salario mínimo no llega ni al 2% -es el 1,6%- de la valor de la canasta básica de consumo. Repito: 1,6% del valor de la canasta básica. En otras palabras: hambre generalizada, desnutrición cada vez más peligrosa, enfermedad, debilitamiento de las capacidades personales, hundimiento del espíritu de sociedad. Copio un párrafo del informe: “En materia de nutrición, la escasa información oficial de 917 parroquias evaluadas muestra que más de la mitad presentó niveles inaceptables de severidad de desnutrición en la población más vulnerable, incluyendo niños, mujeres embarazadas, madres lactantes, adultos mayores adultos y personas con discapacidad.

Los datos que aporta el informe en relación con el derecho a la educación constituyen otro ámbito que puede calificarse de gran desastre. El panorama, sobre el cual es simplemente imposible obtener cifras y estadísticas oficiales, es el de un conjunto de factores, actuando al mismo tiempo, que están encaminando al país hacia una especie de colapso estructural del sistema educativo público (esto es lo que Afirmo, no Proveo). No consignaré aquí cifras, sino los hechos en curso, todo enmarcado en una pregunta general.

Qué destino, qué proyección, qué posibilidades puede tener una sociedad y una nación, en la que, de manera mayoritaria y creciente, menos de las dos terceras partes de la población en edad escolar asiste a clases; en la que se reduce el número de horas de clase de los estudiantes de Educación Básica y Educación Secundaria; en los que existen indicadores de calidad que señalan carencias muy graves en el aprendizaje de los instrumentos básicos de conocimiento –lenguaje y matemáticas–, en porcentajes superiores al 60% del alumnado; en los que la infraestructura escolar se encuentra cada vez más deteriorada, donde existen escuelas que presentan riesgos reales y diversos para los estudiantes, docentes y trabajadores; y en que los maestros reciben un salario por su trabajo que no se puede calificar sino con la palabra miserable?

Y debo añadir aquí otra cuestión esencial: qué rumbo, qué expectativas, qué potencialidades puede tener una sociedad donde las fallas de los servicios públicos son recurrentes en amplias zonas del territorio –electricidad, agua, Internet–, mientras que en buena parte del ¿planeta avanza en la digitalización de los modelos educativos? ¿Qué perspectivas puede tener una nación donde el poder resuelve los problemas de cualquier sistema educativo reduciendo lo que ofrece en calidad y cantidad?

Vuelvo al informe Provea, consignando algunos datos y cifras: destrucción de derechos laborales; salario promedio de 6 dólares; 19,7 millones de personas en situación de pobreza multidimensional; 7,3 millones de personas han salido del país en busca de oportunidades; asesinatos de dirigentes sindicales; asesinatos de líderes indígenas; migración forzada del pueblo Warao a Brasil y Guyana; asedio y desprotección del pueblo Yukpa sometido a la violencia de grupos paramilitares y narcoguerrillas; casi 96.000 denuncias por violaciones al derecho a la salud en el sistema hospitalario; las pensiones de los jubilados se han reducido a un monto equivalente a 6 dólares mensuales; “el gobierno afirmó haber construido 3.906.257 viviendas entre 2014 y 2022; nuestros datos revelan que solo se construyeron 130.856 viviendas”; 2.203 violaciones como tortura, tratos crueles, allanamientos, amenazas y otras (68,6% más que en 2021); altísimos índices de impunidad; 121 detenciones arbitrarias, 5 desapariciones forzadas, predominio de la persecución a líderes sindicales y sociales; 824 personas muertas por policías y militares durante 2022.

Repito aquí lo que tanto he dicho y seguiré difundiendo: el de Maduro es un régimen cuya naturaleza consiste en la violación sistemática y masiva de todos los derechos humanos, y en la construcción de una forma de vida donde desaparece la ciudadanía y se instaura una condición. . de súbditos del régimen: personas indefensas, sin representación ni derechos.