Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), el gobierno ha realizado un ajuste fiscal, a costa de invertir en educación, salud y agricultura.
Un recorte a instituciones claves para garantizar el bienestar de los salvadoreños durante el 2022 y una prioridad por parte del gobierno para evitar el impago de la deuda pública es lo que Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) en un análisis de cómo se ejecutó el Presupuesto General de la Nación el año pasado con respecto al 2021, y cuál es la situación con respecto al 2023.
Los datos oficiales muestran que, en términos fiscales, las finanzas del país han mejorado en el último año en términos de recaudación de impuestos y reducción del gasto público, dos aspectos que, según Ricardo Castaneda, economista senior del ICEFI, es una señal de que el gobierno ha viene ejecutando una especie de ajuste fiscal encubierto, a pesar de que el Ministerio de Hacienda no lo ha confirmado oficialmente.
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Esta reducción del gasto público podría verse como algo positivo si nos centramos solo en las finanzas del país superficialmente, pues si se observan los datos, en 2022 el gasto total con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) fue de “solo” 24,3%, mientras que en 2021 fue del 26,9%, dos cifras relativamente bajas frente al 30,4% de 2020.
Sin embargo, detrás de esos indicadores que podrían entenderse como una mejora para el país, como el aumento de la recaudación y la reducción del gasto estatal, hay algo que podría estar afectando a los salvadoreños a nivel estructural, según el análisis que hizo la institución. , algo que hace referencia a los citados recortes.
Esto se debe a que, según ICEFI, el gobierno le dio más importancia al tema de la deuda para evitar un posible escenario de default y optó por hacer recortes en instituciones clave que garantizan el bienestar de los salvadoreños.
Castaneda resume que “lo que hizo el gobierno en 2022 fue priorizar el pago de la deuda sin importar lo que tuviera que ajustar o recortar, incluso recursos para el área de desarrollo”.
En términos numéricos, el ICEFI señala que solo en 2023 se proyecta que la partida presupuestaria solo para el pago de la deuda, incluyendo amortizaciones e intereses, ascienda a unos $2.134,9 millones, lo que la convierte en la más alta de todo el Presupuesto, superando partidas como las de Salud o Educación.
Por su parte, el presidente Nayib Bukele reaccionó al análisis del ICEFI y cuestionó: ¿Cómo van a criticar que paguemos deuda?”, al tiempo que acusó a los economistas del ICEFI de ser financiados por George Soros.
Educación y Salud tienen menor ejecución
Asimismo, el análisis del ICEFI muestra que, al menos en 2022, los montos ejecutados fueron menores a los presupuestados, lo que significa que el gobierno destinó menos a la inversión pública, algo que convierte la situación en un recorte de facto.
Por ejemplo, la rama de educación pasó del 4,6% del PIB en 2021 al 3,9% en 2022, mientras que la rama de Salud pasó del 3,5% al 3,4%. El gasto en obras públicas, por su parte, pasó del 1,5% al 0,9%.
ICEFI destaca que otros poderes del Estado que han sufrido recortes son Gobernación, Vivienda y Agricultura.
Este último punto también está relacionado con la producción agrícola, un sector que, según los representantes de los sindicatos, no está siendo impulsado por el gobierno, algo que podría llevar al país a enfrentar una crisis alimentaria en un futuro próximo.
El hecho de realizar recortes en estos rubros, incluyendo haber dejado de pagar la pensión básica universal a los adultos mayores, contribuye a agravar dos situaciones que enfrenta actualmente el país, como son la inseguridad alimentaria y la pobreza. tasa de pobreza, que se ha duplicado en el país desde 2019.
Según el economista, toda la inversión pública en 2022 fue inferior al 50 %, y señala que las autoridades “no han explicado por qué se cortaron los fondos a estas sucursales”.
En este punto, también considera que, dado que la realidad en la ejecución de los proyectos es diferente a las asignaciones presupuestarias que se comunican desde el gobierno, esto podría estar relacionado con el esfuerzo propagandístico y publicitario que hace el gobierno y, de hecho, Castañeda destaca que algunas instancias como la Secretaría de Prensa y la Secretaría de Comunicaciones, ambas de la Presidencia, han recibido aumentos presupuestarios para este año.
Por esta razón, el Instituto sugiere que el gobierno debería reducir el gasto en publicidad, así como prohibir la contratación de funcionarios pro bono en el gobierno.
Asimismo, el ICEFI considera que se deben incrementar los recursos para los programas dirigidos a la mujer, la juventud, la estrategia de erradicación de la pobreza, la educación y la infraestructura hospitalaria del país. Otro punto que recomienda el Instituto es que el gobierno elimine el fondo fiduciario de $150 millones para Bitcoin.
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