Las familias de El Trigalito, Pedro Díaz y Plan del Rancho, en Chalatenango, decidieron que sus hijos ya no podían recorrer largas distancias para tener acceso a una escuela digna, cuando una niña de 9 años murió al intentar cruzar un barranco. El hecho ocurrió hace 10 años, y pese a los esfuerzos de las comunidades ante el Ministerio de Educación (MINED), afirman que muy poco ha cambiado.
A falta de una escuela digna -y tal como sucedió con sus bisabuelos, abuelos y padres-, los niños de estos lugares dejan de estudiar, se exponen a los peligros del camino o se conforman con asistir a las escuelas improvisadas que se instalaron. en 2022. .
“Mi papá tiene 60 años y vino de niño con mi abuelo, y desde niños aquí no ha habido escuela”, cuenta Silvia Soriano, de 42 años, vecina de El Trigalito, en Dulce Nombre de María. . “No pudimos estudiar más porque la escuela más cercana era la de El Ocotal y cómo viajábamos no había transporte y no teníamos un familiar allí que dijera que nos quedábamos”, agrega.
“Tenía que ir a dejarlo (a Honduras), traerlo los fines de semana, y fue un gran esfuerzo que hicimos para que estudiara”.
sandra lopezHabitante del Plan Rancho
Cuando Silvia dice que no tenían familia en El Ocotal, se está refiriendo a otra alternativa que han aplicado algunos padres, forzados: enviar a sus hijos a casas de familiares o conocidos. Pasó a Fernando. Tenía 7 años cuando Carolina Guevara, su madre, le dijo que se iba a vivir con su tío para poder asistir a primer grado en El Ocotal.
Durante 2020 y 2021, el niño vio a sus padres cada 15 días, pues llegar a El Ocotal, desde El Trigalito, toma unas tres horas caminando, ida y vuelta. “Él no sabía si estaba enfermo, no podía hablar con él porque ahí no te puedes comunicar y las calles están muy malas, él no puede transitar ahí”, dice Carolina. En estas comunidades empobrecidas, la señal del celular falla y la única alternativa es caminar para ir a cualquier parte, porque el vehículo es un lujo.
Tampoco fue fácil para Fernando. «Me dijo que prefería trabajar para no separarse de nosotros, que mejor trabajaría con su padre», cuenta su madre, mientras lo ve jugar en el patio de la ermita, donde funciona la escuela provisional y donde comenzó a estudiar en 2022.
En Pedro Díaz, San Francisco Morazán, el panorama es el mismo. La comunidad ha improvisado un aula en la habitación de una casa. Ismael Chacón explica que la escuela más cercana está en Sumpul Chacones, pero el trayecto también dura tres horas ida y vuelta. Uno de sus hijos, dice, incluso se rompió la clavícula cuando regresaba a casa de la escuela. Hoy tiene 16 años, pero vive lejos porque no hay clases para su nivel escolar en la comunidad, agrega.
La lucha por una escuela
“Mi sueño es que mi hijo y mi nieto sí estudien”, dicen las últimas líneas de un cartel pegado en una pared junto a la ermita de Plan del Rancho, Citalá, donde funciona la escuela provisional. El cartel cuenta la historia de una mujer que no pudo ir a la escuela y no fue hasta los 52 años que aprendió a leer y escribir.
Pascual Regalado de Los Ángeles, un agricultor de 48 años, está sentado frente al letrero. Tampoco pudo estudiar, dice, pero quiere un futuro diferente para sus tres hijos. Es uno de los líderes de las Comunidades de Fe Organizadas (COFOA) y miembro activo en la lucha por la construcción de una escuela. “Los niños toda la vida se han ido a estudiar a lugares lejanos, porque nunca ha habido una escuela en el lugar”, dice.
Las tres comunidades han obtenido terrenos por sus propios medios para construir escuelas y aunque afirman que el MINED se ha comprometido a ejecutar los proyectos, a la fecha siguen a la espera. El año pasado, el ministerio les informó que tenían que transferirle el terreno para construir y había un compromiso firmado, incluso con las alcaldías, para apoyar a las comunidades en este proceso. Sin embargo, el 27 de julio de 2022 les informaron que necesitaban “un edificio y una escuela construida”, dice Nazario Cardoza, vecino de Pedro Díaz. “Nos dijeron que para hacer una escuela, quizás no estaban muy seguros de que se pudiera hacer, porque la economía aquí en el país estaba muy baja”, agrega. La promesa era buscar apoyo internacional.
“¿Cómo vamos a enviar a un niño de jardín de infantes tres, cuatro kilómetros? Si ya se ponen en nuestro lugar, no es fácil mandar un hijo; un niño está indefenso”.
silvia sorianoHabitante de El Trigalito
Pero ante el silencio de las autoridades, el 22 de septiembre los dirigentes de la COFOA viajaron a San Salvador para entregar una nota al titular interino del MINED, Mauricio Pineda. El funcionario recibió a algunos representantes y les prometió que a finales de octubre harían visitas para conocer los terrenos, pero también para determinar si la población de las comunidades aumentaba o disminuía.
“Se comprometieron con nosotros, nos dijeron que en la segunda o tercera semana de octubre nos van a visitar para analizar el terreno y ver si la población va a crecer o disminuir, porque si va a disminuir, de qué sirve hacer una escuela, si no va a haber niños en unos años, eso nos dijeron”, dijo uno de los dirigentes del COFOA ese día, al salir del MINED.
Sin embargo, el año escolar 2023 comenzó de la misma manera para los niños de estas comunidades: en espacios improvisados, que podrán utilizar por uno o dos años más, advierten los líderes comunitarios. A esto se suman las precarias condiciones en que reciben clases.
La maestra de El Trigalito, asignada en 2022 por el MINED a pedido de la comunidad, asegura que apenas tienen energía eléctrica y mucho menos agua potable. “A veces hay días completos, dos, tres días que estamos sin luz, no hay agua todos los días, entonces a veces tenemos que aplicarnos alcohol en gel. Para los baños tenemos que ir a las casas a llevar agua a poder usarlos», dice.
Desde 2021, las comunidades negociaron con el MINED la asignación de un maestro para cada caserío y con ello lograron crear escuelas improvisadas. El ministerio también entregó a El Trigalito algunos pupitres y material didáctico, pero la comunidad y el maestro han tenido que buscar donaciones porque es insuficiente. “Hemos ido a otras escuelas a buscar ayuda, que nos den papel o juguetes para que jueguen los niños. Es decir, todo el material”, explica Reina Quijada, del COFOA.
Este diario buscó la posición del MINED sobre las demandas de estas comunidades, pero no hubo respuesta. Las comunidades afirmaron que tampoco han recibido noticias sobre sus peticiones.
