La crisis de salud inducida por COVID-19, el aumento de personas en situación de pobreza, el fenómeno migratorio enmarañado, el pronunciado desequilibrio fiscal y la preocupación de la comunidad internacional por el declive institucional ilustran la complejidad de la realidad nacional.
La recuperación económica (el PIB 2021 podría igualar o superar el nivel prepandémico), la funcionalidad del método de vacunación y la solidaridad de los compatriotas residentes en el exterior (expresada en el aumento de las remesas en la adversidad) son factores que ayudarán a enfrentar la post- pandemia.
La situación descrita anteriormente hace que la discusión programática sea relevante. Una cosa es clara, superponer la búsqueda del poder público a la búsqueda del bien común ha sido la corriente política que ha impedido la construcción de un plan de nación o agenda de desarrollo durante décadas.
Un requisito para superar este impasse es que la ciudadanía comprenda el El Salvador del que queremos formar parte. Esto implica dejar de poner el destino del país exclusivamente en manos de los gobernantes y unir fuerzas en líneas estratégicas de acción como las siguientes.
1. Educación inclusiva y de calidad. Esto requiere mejorar la formación del profesorado y adaptar los medios de enseñanza-aprendizaje a las demandas globales y locales (con un enfoque de ciclo de vida y acceso a las TIC). El Plan Torogoz 2019-2024 es una guía para trabajar en esa dirección.
2. Descentralización económica. Superar las brechas educativas, tecnológicas y económicas entre la AMSS y el resto del país, y entre las zonas urbanas y rurales, es una medida eficaz para reducir la pobreza, ampliar el mercado laboral y frenar la migración interna y externa.
3. Agua. No hacer nada equivale a seguir perdiendo suelos fértiles y acuíferos, lo cual es inaceptable ante el cambio climático. Insta a la adopción de medidas para descontaminar los ríos y restaurar las funciones de las principales cuencas hidrográficas.
4. Infraestructura. Una meta sería invertir un promedio anual de $ 2 mil millones en obras físicas entre 2022-2032, ejecutando proyectos que promuevan la desconcentración económica del AMSS, reduzcan los costos de producción y mejoren la conectividad digital y vial en los 14 departamentos.
5. Derecho público. Lo esencial es la igualdad en la aplicación de la ley y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Un paso adicional es la apertura y saneamiento de las finanzas públicas, lo que implica hacer un ajuste fiscal (reducción de gastos y aumento de ingresos).
Reflexión: El Salvador enfrenta un doble desafío: (1) definir líneas estratégicas de acción conjunta (gobierno y sociedad) y (2) generar oportunidades en suelo cusqueño. Es poco probable que la primera ocurra a corto plazo y la segunda requiere pasar de las palabras a los hechos (de la ilusión a la realización).
Opinión: acordar prioridades, establecer metas nacionales, especificar cómo lograrlas e identificar su financiamiento es un camino adecuado; sin embargo, esta ruta no ha sido factible entre 1979-2021. Es decir, la razón no ha podido prevalecer a pesar del dolor que le causan a la familia salvadoreña la violencia política (siglo XX) y la violencia criminal (siglo XXI). ¿Qué pueden hacer juntos la sociedad civil y el mundo académico? Crear una plataforma de información y un espacio de encuentro, propuesta y promoción para erradicar la pobreza y promover la cohesión social.
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