Oenegés se opone a la ley de agentes extranjeros y dice que atienden necesidades «que el Estado es incapaz de cubrir»

Las organizaciones de la sociedad civil rechazaron conjuntamente la ley de agentes extranjeros. / Saraí Alas.

Política

Sarai Alas

Jueves 18 de noviembre de 2021 • 10:56 am

Las organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron nuevamente este jueves contra el proyecto de ley sobre agentes extranjeros que busca aprobar la Asamblea Legislativa, que Impone un impuesto del 40% a los fondos de cooperación internacional recibidos por organizaciones no gubernamentales (ONG), con algunas excepciones.

En medio del rechazo de las organizaciones de defensa de los derechos humanos y la comunidad internacional, Diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores del cuerpo legislativo aprobaron el martes por la noche un dictamen favorable a la ley de agentes extranjeros.

Aunque aún no ha sido aprobado en sesión plenaria, Representantes de organizaciones de la sociedad civil temen que se programe en las próximas sesiones plenarias, y señalaron que, de aprobarse, son las comunidades las que enfrentarán el mayor impacto negativo de esta ley.

Amalia López, representante de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, Exigió que no se cobren más impuestos a las empresas privadas y que busquen imponer un impuesto del 40% a los onegés que «atienden las necesidades de la población».

En la fabricación de enemigos imaginarios, Bukele intenta desviar la atención de los enemigos reales que se deben combatir en El Salvador como son las desapariciones, la precariedad de los servicios de salud y educación, la violencia de género, que se ha incrementado en los últimos dos años que el Gobierno ha estado «.
Amalia López, representante de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua.

Verónica Guerra, de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, dijo a los diputados que Aprobar tal proyecto de ley no es una decisión del pueblo.

Con la aprobación de esta ley, los grandes perdedores serán las comunidades que se han organizado para gestionar bienes y servicios que el Estado salvadoreño no ha podido garantizar y que podrían cancelarse sin la participación activa de la sociedad civil. » Verónica Guerra, representante de la Coordinadora de Movimientos Populares de El Salvador.

Las organizaciones indicaron que se someten a auditorías por parte de Cooperación Internacional y el Ministerio del Interior.

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