Los exfuncionarios están acusados de desviar $ 14 millones de los almacenes institucionales de los Centros Penales.
Nacionales
Jaime lopez
Miércoles 1 de diciembre de 2021 • 4:45 a. M.
La Tercera Sala Penal de San Salvador ordenó la recaptura del exministro de Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde y 18 exfuncionarios de seguridad, vinculados a la causa penal de desvío de fondos en los almacenes institucionales de Centros Penales.
Los magistrados revocaron las medidas alternativas que el Juzgado Sexto de Paz dictó el 15 de septiembre a favor de los imputados por los delitos de malversación, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, cohecho indebido y falsificación documental agravada, por lo que ordenó que el Juzgado Segundo de Instrucción encargado del proceso, emitir las respectivas órdenes de aprehensión.
El tribunal superior basó su decisión en la peligrosidad de la fuga de los imputados y en la probable obstrucción de la investigación que continúa, teniendo en cuenta que aún laboran en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, así como en la Policía Nacional Civil.
«Estamos ante graves delitos, situación que no genera certeza sobre la sumisión de los referidos imputados a futuras convocatorias, dada la imputable situación», se lee en un fragmento de la resolución de la Sala.
Sin establecer de qué manera, ni en qué actos probatorios van a ser un obstáculo para la investigación, ni dan un razonamiento legal ”. Gustavo Huezo, defensa
La orden de captura ordenada sería contra 19 de los 21 exfuncionarios imputados, entre ellos el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde y el exdirector de Centros Penales, Marco Tulio Lima Molina.
Solo en el caso del exviceministro Raúl López, la Sala confirmó que continuará con las medidas luego de presentar un cuadro de salud grave, sin embargo, dejó la posibilidad de que la Fiscalía considere cambiar la medida.
En ese momento, el procurador general, Rodolfo Delgado, afirmó que los imputados serían acusados de extraer $ 14 millones de 21 tiendas institucionales que depositaron familiares para que sus familiares pudieran realizar sus compras en las cárceles.
Para el abogado Gustavo Huezo, la jueza Sexto de Paz basó su resolución y se apegó a las leyes al decretar medidas alternativas a la prisión para los imputados “porque la apariencia de buena ley no era ordenar la prisión provisional y porque se habían probado suficientemente desde el inicio de la investigación «. Sin embargo, la fiscalía no estuvo de acuerdo y el 26 de octubre lo apeló. «Sin establecer de qué manera, ni en qué actos probatorios van a ser un obstáculo para la investigación», agregó la defensora.