La Fiscalía General de la Nación solicitó al Juzgado Especializado de Instrucción «C» que envíe a juicio a cinco personas, entre ellas un subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC), a quien acusan de ser restos de una estructura que aparentemente se dedicaba al lavado de la Ingresos de la pandilla 18 en el país.
Nacionales
Jaime lopez
Viernes 29 de octubre de 2021 • 3:00 a. M.
La Fiscalía General de la Nación solicitó al Juzgado Especializado de Instrucción «C» que envíe a juicio a cinco personas, entre ellas un subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC), a quien acusan de ser restos de una estructura que aparentemente se dedicaba al lavado de la Ingresos de la pandilla 18 en el país.
Según la investigación, los imputados crearon sociedades mercantiles para dar apariencia legal a los ingresos de la pandilla 18 que luego fueron invertidos en la compra de propiedades, vehículos y realizaron depósitos a plazo en el sistema financiero nacional.
Como resultado del manejo de fondos, los imputados administraron 296 vehículos de todo tipo, estilo y clase. En algunos casos adquiridos en pago de préstamos deudores, por delito de estafa y otros de dudosa procedencia; Varios de estos coches se alquilaron para uso personal, taxis o simplemente se pusieron a la venta.
“El dinero se invirtió en efectivo y la adquisición de vehículos con el fin de concluir el ciclo de lavado de activos y dinero y pretender que el dinero provenía de una actividad legal; en estas acciones hubo una mezcla de capitales legales e ilegales ”, explicó el fiscal.
«El testigo juzgado es incoherente, inverosímil y falto de credibilidad en el relato de los hechos que involucran a mi cliente, por eso pido su destitución». David Ramírez, abogado defensor
Cinco acusados.
La presunta estructura de blanqueo de capitales y activos estuvo integrada por Wilber Robin Flores, Billy Francisco Flores, Juan Antonio Flores y Baltazar de Jesús Hernández Méndez, siendo este último subinspector de la PNC.
Los cuatro primeros están acusados de colectivos ilegales, blanqueo de capitales y activos; en tanto a Hernández por grupos ilícitos, falsedad material e ideológica.
El fiscal del caso señaló que esta estructura no es como las tradicionales de las pandillas que cometen extorsión, homicidio y otros delitos similares; «Pero involucró a pandilleros, bandas criminales y civiles que colaboran para obtener bienes muebles e inmuebles y así poder fortalecer la parte económica del grupo».
Tres de sus líderes ya forman parte de otro proceso judicial en fase de juicio; y en el actual se tramitan los colaboradores patrimoniales.
Seis años.
«El período que operó esta estructura fue entre 2013 y 2019 en determinadas zonas de San Salvador», dijo el fiscal. A este nivel del proceso, aún no es posible establecer un monto total de lavado de dinero que se le atribuye a los cinco imputados en el caso actual porque involucra no solo lavado de dinero y activos sino también otros hechos como estafas y falsedades que ha sido tarea.
Para sustentar la acusación, la Fiscalía cuenta con el principal líder de la estructura que se acogió a beneficios penales a cambio de ayudar a esclarecer los delitos atribuidos a los cinco imputados.
El testigo afirma haber inyectado grandes sumas de dinero de actividades ilegales que luego fueron invertidas en actividades económicas.