Sanciones extendidas por violar la ley de inclusión de personas con discapacidad

Se prorrogó por seis meses la legislación que garantizaría que en El Salvador se apliquen sanciones a las infracciones contra la inclusión de personas con discapacidad. Este es el Capítulo XVIII de la Ley Especial para la Inclusión de Personas con Discapacidad, que legisla la formación del Tribunal Sancionador, infracciones y procedimientos.

Política

Redacción DEM

Lunes 27 de diciembre de 2021 • 5:00 a. M.

Se prorrogó por seis meses la legislación que garantizaría que en El Salvador se apliquen sanciones a las infracciones contra la inclusión de personas con discapacidad. Este es el Capítulo XVIII de la Ley Especial para la Inclusión de Personas con Discapacidad, que legisla la formación del Tribunal Sancionador, infracciones y procedimientos.

El reglamento fue creado para garantizar el pleno ejercicio y goce de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones; pero el inicio de su vigencia quedó parcialmente establecido.

A pesar de que el resto de la ley entró en vigencia el 1 de enero de 2021, las sanciones por incumplimiento de la misma entrarían en vigencia un año después; Sin embargo, los diputados de la Asamblea Legislativa decidieron prorrogar el inicio de su mandato hasta el 1 de julio de 2022.

Haz reformas.

La solicitud de prorrogar hasta el 1 de julio de 2022 el inicio de vigencia del capítulo referido a sanciones fue presentada por la diputada Suecy Callejas, quien argumentó que tienen algunas lagunas que generarían inconvenientes en la tramitación de los trámites y que se demora un tiempo en ESTUDIAR LAS REFORMAS NECESARIAS.

“Se ha señalado que dicha ley contiene diversas lagunas que impiden su efectiva aplicación, por lo que no es factible la entrada en vigencia del referido capítulo, ya que esto generaría inconvenientes en la tramitación de los trámites, los cuales deben ser subsanados previamente. a su entrada en vigencia ”, alegó Callejas.

La petición fue aprobada con exención de trámite en el último Pleno.

Infracciones.

Según la ley aprobada el año pasado, el Tribunal Sancionador podrá aplicar sanciones no pecuniarias «teniendo en cuenta la capacidad económica del infractor y la naturaleza de los hechos»: una reprimenda o servicio comunitario en organizaciones de personas con discapacidad. Además, podría imponer sanciones económicas según el tipo de infracción.

Las infracciones leves implicarían multas de 1 a 3 salarios mínimos en el sector de comercio y servicios. Un delito menor es cobrar a las personas con discapacidad el acceso a monumentos, sitios turísticos y arqueológicos, museos, teatros y polideportivos nacionales.

Las multas por infracciones graves serán de 4 a 6 salarios mínimos, para casos como divulgar, exponer o utilizar la imagen de personas con discapacidad de forma degradante. Las infracciones muy graves implican multas de 7 a 9 salarios mínimos, por negar el acceso a la educación, asistencia médica o contratar un seguro privado.

Anuncio.

El Consejo Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad (CONAIPD) sería el designado para convocar la elección de miembros de la Corte y las ternas se propondrán con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Universidad de El. Salvador (UES) y universidades privadas, y organizaciones de la sociedad civil con el apoyo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Intencionalidad del infractor, grado de participación en la acción u omisión, reincidencia, capacidad económica del infractor, naturaleza de los daños, circunstancias del delito cometido.

El Tribunal Sancionador puede advertir al delincuente por escrito y establecer que el delincuente debe brindar servicio comunitario en organizaciones de personas con discapacidades.

Multas de 1 a 3 salarios mínimos por negarse a extender la Tarjeta Única de Discapacidad, no realizar ajustes o adaptaciones que garanticen el acceso a la educación, entre otros.

Multa de 4 a 6 salarios mínimos por negarse a celebrar el matrimonio cuando uno o ambos cónyuges son personas con discapacidad aunque puedan manifestar su consentimiento, y otros.

Multa de 7 a 9 salarios mínimos por no cumplir con el porcentaje de unidades de transporte con mecanismos de accesibilidad universal, o por no cumplir con la cuota de contratación laboral.